Una vuelta a los '90
Este 11 de
octubre
el ex - presidente adelantó, un
artículo de su libro donde enumera las medidas que piensa tomar si vuelve al
poder. Se trata de un recetario menemista que incluye privatizaciones, despidos
masivos, apertura de importaciones y reformas laboral, sindical, previsional y
fiscal. Y todo con aval represivo porque
“el
derecho de protesta debe encontrar un límite”.
El catálogo de
advertencias se encuentra resumido en el capítulo 25 llamado “Segundo tiempo”,
de su nuevo libro “Para qué”, donde el líder de Juntos por el Cambio hace un
anticipo explícito de lo que será su próximo eventual mandato.
Retomando el
concepto de “hay que achicar el Estado”
puesto en práctica por los máximos exponentes del neoliberalismo argentino,
Macri sostuvo que el eje de su administración se basará en una “reducción drástica del gasto público” peor
que en su primera Presidencia.
En un remix de
lo que fue la “cirugía mayor sin anestesia” de Carlos Menem y Domingo Cavallo,
adelantó cuál será el siguiente paso de su gobierno:
Despidos masivos: “Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar
todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata.”
Privatizaciones: “Existe una larga
lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector
privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas.”
Fin del fomento a la industria nacional: “Construir una economía abierta
y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo para nuestros productos,
sin que esto se traduzca en subsidios.”
Apertura de importaciones: “El nuevo
gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a
costa de los bolsillos de los consumidores.”
Eliminar los derechos laborales y previsionales: “Debemos tener la valentía de
terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical,
previsional y fiscal”.
"El derecho de protesta debe encontrar
un límite": Con el discurso antipiquetes bien sembrado las reformas
del neo-macrismo no tendrán miramientos del drama social porque, según él,
durante estos años la sociedad ha sido “demasiado tolerantes con aquellos
grupos que le complican la vida” con cortes y protestas.
Represión:
“No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste
espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan.” “Deberemos terminar para
siempre con los extorsionadores de la paz social.”
Fin de un derecho: “Las calles son de
todos los ciudadanos y todos tienen derecho a transitarlas. El derecho de
protesta debe encontrar un límite cuando perjudica a terceros.”
Cárcel para todos
No hacía falta
que “Mauri” escribiera un
libro para explicarnos
lo que ya sabíamos. Tampoco lo vemos con ganas de esperar a las próximas
elecciones para aplicar sus ya añejas ideas. Diez senadores de la oposición
presentaron un proyecto de ley para encarcelar hasta seis años a trabajadores
en conflicto que bloqueen empresas. Rodríguez Larreta y Vidal, por su lado,
reclamaron una reforma flexibilizadora. Piden bajar indemnizaciones, cargas
sociales y el costo laboral.
La senadora
Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que
impone penas de cárcel de dos a cuatro años a trabajadores, “sindicalizados o
no”, que participen de bloqueos en empresas. La acompañan en la embestida
Alfredo Cornejo (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Eduardo
Vischi (UCR) y Guadalupe Taglarierri (PRO), entre otros.
“Es fundamental la aplicación del derecho
penal como medio para resolver los conflictos, restablecer el orden y la paz
social y prevenir la futura vulneración de dichos bienes jurídicos”,
considera en los fundamentos de la iniciativa la senadora por Santa Fe que
antes era panelista de Intratables, quien condensa con su presencia en la
Cámara alta y por los proyectos que eleva la alianza entre el aparato
mediático, político y judicial.
El proyecto
“Será reprimido con prisión de dos a cuatro años al que impida, estorbe
o entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial,
industrial o de servicios”, plantea el artículo 1 de la ley.
La sanción
será para aquellos que “bloqueen por
cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas
empresas”. Y si los bloqueos afectaran una relación laboral o comercial con
un tercero, como podría ser un proveedor de la compañía en conflicto,
“corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”. En ese caso, las
condenas ya serían de cumplimiento efectivo.
Para dar un
ejemplo, una empresa que adeuda salarios, aguinaldos, aportes jubilatorios y
demás, con un historial de incumplimientos de ese tipo y maltrato al personal,
si un día tiene que soportar un bloqueo de los trabajadores afectados, y en esa
circunstancia se echa a perder un producto perecedero de un proveedor que no
puede ingresar a la planta, como podría ser leche, entonces los empleados que
participaron de la protesta serían pasibles de ir a la cárcel hasta seis años.
Y si
“participara de las acciones o fuere promotor un representante gremial, además
de la pena privativa de la libertad tendrá una inhabilitación especial por el
doble del tiempo para ejercer su representación sindical”, completa.
Otros proyectos
La
criminalización de trabajadores y sindicalistas que postulan los senadores de
Juntos por el Cambio forma parte de un plan más amplio para reformular las
relaciones laborales.
Horacio
Rodríguez Larreta propuso terminar con el actual sistema de indemnizaciones por
despido. Lo hizo por primera vez antes de las PASO de 2021, en el programa
Intratables:
“Claramente hay que ir de la
indemnización a un seguro”, donde el empleador aporta todos los meses a un
fondo para cubrir los despidos.
Si se aprobara
esa ley, quedaría consagrada la inestabilidad absoluta para el trabajador, ya
que al empresario le costaría lo mismo despedir que no despedir, dando lugar
además a todo tipo de arbitrariedades.
Banco de horas
En esa línea
de establecer como normalidad la inestabilidad en el trabajo, María Eugenia
Vidal publicó esta semana en redes sociales una serie de posteos para instalar
la consigna #ReformaLaboral.
“El sistema
está roto y vamos a arreglarlo. Hablemos de #ReformaLaboral”, escribió en
Twitter.
Una de las
propuestas es establecer un banco de horas para que las empresas dejen de pagar
horas extras y puedan disponer sin más costos de los trabajadores en períodos
de mayor actividad y “compensarlos” cuando baja la intensidad de las tareas.
Ante la necesidad popular de
sostener y aumentar el empleo; de
conseguir más puestos registrados y, fundamentalmente, elevar los ingresos y
los salarios que cayeron abruptamente los últimos seis años; la propuesta de
Juntos por el Cambio, es aumentar las penas a quienes protestan, quitar
derechos a los trabajadores y mandar a la cárcel a los que se resistan.
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