Las compañías cerealeras apostaron a este desenlace demorando durante meses
la liquidación de exportaciones. También los grandes propietarios y
contratistas agrarios incrementan sus fortunas, con precios internos que
ascienden al compás de la rentabilidad externa.
Todos fijan sus cotizaciones comparando con lo obtenido por los
exportadores. Por esta razón la carne, la harina, el pollo y las legumbres se
disparan al mismo ritmo. La soja arrastra el encarecimiento de los productos que
compiten por el uso de la misma tierra.
Ese encadenamiento torna particularmente nefasta la reducción de las
retenciones. La disminución de ese impuesto reconecta los precios locales de
los alimentos con su cotización internacional y desprotege al consumidor
argentino. Los agro-exportadores vuelven a recuperar preeminencia y ya
iniciaron su venganza por la resolución 125. La renta que el estado se
apropiaba desde el 2002 retorna al campo.
Macri intenta privilegiar al agro resucitando el imaginario liberal de las
“ventajas comparativas”. Supone que el país progresará afianzando su perfil de
exportador de productos básicos. Pretende incluso actualizar esa inserción
internacional convirtiendo al “granero del mundo” en un “supermercado del
planeta”. Este modelo no crea empleo, desalienta la inversión industrial,
acrecienta las inundaciones y expande el deterioro ambiental.
LO BANCOS TAMBIÉN
Pero el ajuste en curso también favorece a los bancos. Obtienen grandes
lucros con la intermediación de los créditos negociados para sostener la
devaluación. Ganarán fortunas si se concreta el endeudamiento por 20.000
millones de dólares para apuntalar las reservas y controlar la nueva banda
cambiaria.
La gran hipoteca en gestación es presentada como un signo de “confianza” en
el país. Se repite el relato que siempre utilizaron los banqueros para vaciar a
la Argentina. Hasta ahora ninguno de los créditos presenta finalidades
productivas. Sólo solventan gastos corrientes y estabilizan la cotización del
dólar.
Los bancos se disponen a lucrar, además, con las altísimas tasas de interés
(38-40%) que introdujo el gobierno para contener cualquier corrida hacia el
dólar. De esta forma resurge la conocida bicicleta de ingresar capitales golondrinas,
que retomarán vuelo cuando se agote el casino.
Para recibir un fuerte respaldo inicial de la City, Prat Gay y Stuzzeneger
convalidaron también el desfalco de los seguros de cambio que realizó la
administración saliente del Banco Central (enormes pagos a una cotización
ridícula del dólar). El nuevo equipo negoció límites a la emisión de pesos que
exigía ese contrato, pero aseguró a los bancos todos los lucros de la
transacción.
Los financistas obtuvieron además un trofeo largamente esperado: la recuperación
del Banco Central. Se disponen a retomar el directorio de esa entidad con el
insólito disfraz de asegurar su “independencia”. Su próximo negocio será el
arreglo con buitres.
Esa intermediación podría incluir compras totales o parciales de los pasivos
en litigio, a cambio de comisiones adicionales o atribuciones para gestionar
nuevos créditos. Las versiones sobre un préstamo directo del tesoro
estadounidense ilustran el interés internacional por una operación, que
seguramente incluirá inspecciones del FMI.
Y LOS INDUSTRIALES, CLARO
El tercer beneficiario del plan es la burguesía industrial exportadora.
Obtuvo la reducción de las retenciones y la eliminación de regulaciones que
restringían las importaciones de insumos (DJAI). Comenzará a recibir los
dólares demorados por esas adquisiciones y negocia un bono para zanjar las
compras impagas y las utilidades no giradas al exterior.
La principal promesa para ese sector es la implementación de una política
estatal anti-obrera, que el macrismo disfraza con llamados al “orden, la productividad
y la disciplina” laboral. El nuevo gobierno de “CEOcratas” incluye numerosos
expertos en incrementar los ritmos de trabajo, organizar despidos y perseguir
activistas. Los gerentes de recursos humanos ahora comandan las oficinas
gubernamentales y el nombramiento de un ministro con apellido Triacca es un
símbolo de lo que se viene.
También las empresas contratistas de servicios públicos recibirán su
tajada. Los tarifazos se preparan con la declaración de la emergencia
energética y la emisión mensual de facturas. Esos incrementos apuntan a
recomponer la caja de las compañías. Ganaron fortunas con las privatizaciones y
preservaron sus contratos durante la última década de subsidio estatal.
Ahora reaparecen los argumentos de la sintonía fina -que el kirchnerismo
difundió pero no instrumentó- para justificar los aumentos del gas y la
electricidad. Se afirma que los ricos malgastan energía calentando sus piscinas
y que la clase alta paga cuentas irrisorias por el aire acondicionado. Esos
abusos se corregirían con un simple recargo en el servicio. Pero el verdadero
objetivo de esas descripciones es penalizar a toda población.
El gerente de Shell que ahora administra la energía del país tiene la mira
puesta en asegurar precios del combustible que actualmente duplican la
cotización internacional. Con esos números los usuarios no sólo solventan los
beneficios de las compañías petroleras. También se impide cualquier
reconversión estructural a un patrón de energía eólica y solar. El nuevo equipo
ya decidió profundizar el sendero de Galluccio, que ha manejado YPF como una
empresa privada con turbios contratos secretos con Chevron.
Macri ha diseñado un plan para toda la clase capitalista. Esa intención se
verifica en la significativa ampliación del blanqueo. Los evasores del fisco
-que el kirchnerismo indultó en sucesivas oportunidades- ahora tendrán otra
posibilidad para transparentar sus negocios sin pasar por la AFIP.
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