Macri debutó con el duro ajuste que endulzó durante la campaña electoral. Su “sinceramiento” de la economía es la típica transferencia de ingresos a favor de los capitalistas, que tantas veces se aplicó en el país. Pretende achatar los salarios a través de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas.
Los aumentos se dispararon antes y después de la devaluación.
Esta vez los llamados oficiales a la “responsabilidad” de los empresarios asumieron un tono particularmente cínico. Los remarcadores ahora son ministros y los gerentes del sector privado (denominados CEOs) controlan la administración pública. El manejo del país por sus propios dueños se ha corroborado en un debut inflacionario.
La complicidad entre funcionarios y capitalistas ha diluido todas las sugerencias de retrotraer los precios a noviembre. El sistema de “precios cuidados” sólo persiste como una formalidad para disimular la carestía. Ninguna sanción a los responsables de la inflación es evaluada por un gabinete que endiosa al mercado.
EL PROPÓSITO DE LA DEVALUACIÓN
El objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los salarios durante el verano. De esta forma se licuarían los ingresos populares antes de las paritarias. Para eso maquillan la evolución de los precios con pretextos de baches estadísticos en el INDEC.
La imposición de un gran retraso salarial durante el primer semestre anticipa las podas adicionales que intentará el futuro Pacto Social. Ese convenio fijará metas decrecientes de inflación solventadas por los trabajadores.
Los economistas del establishment aplauden el curso actual, pero subrayan que la “consistencia” del plan depende de la confiscación del salario. Estiman que esa amputación es indispensable para superar el fracaso de la última devaluación (diciembre del 2013).
En esa oportunidad la brusca alteración de la paridad cambiaria se trasladó a precios y salarios, neutralizando las ganancias de exportadores y financistas. Para evitar este resultado los hombres del PRO esperan que la inflación del 2016 (¿40%?) sobrepase ampliamente a los incrementos de sueldos (¿28%?).
Con esa finalidad promueven mayor contracción monetaria y recorte fiscal. Suponen que esas restricciones afectarán el nivel de actividad, ocupación o precariedad laboral y debilitarán la resistencia de los trabajadores.
La primera confrontación para imponer el ajuste se dirime en el bono de compensación que reclaman los sindicatos (5000 pesos). Macri rechazó esa petición y sólo otorgó una irrisoria bonificación en la asignación universal (400 pesos). Luego de entregar fortunas a los empresarios desconoce una demanda básica de los asalariados. Afirma que únicamente homologará las sumas negociadas por cada gremio en el sector privado, como si la inflación exceptuara a los empleados públicos.
Mauricio pretende que cada segmento de los trabajadores se arregle por su cuenta. Tiene tan incorporada la ideología burguesa que anuncia sin sonrojarse beneficios generalizados para los capitalistas, mientras exige tratativas segmentadas a los trabajadores.
La misma cosmovisión de niño rico transmitió Prat Gay en su presentación de la devaluación como un acto liberador. Afirmó que “oxigenará la economía”, presuponiendo que los negocios de una pequeña minoría generan bienestar para toda la colectividad. Describió luego la eliminación de “impuestos distorsivos” como un logro de la sociedad, estimando que cualquier obstáculo para los capitalistas constituye una adversidad para el pueblo.
El equipo macrista despliega presentaciones tecnocráticas del ajuste, como si estuvieran determinadas por exigencias naturales de algún dispositivo. Por eso describe los detalles operativos de la devaluación sin mencionar sus nefastas consecuencias sociales.
El PRO intenta trasladar al ámbito económico el marketing despolitizado que utilizó para ganar elecciones. Con ese estilo ya no se lamenta de la devaluación. Al contrario, la difunde como una gran noticia. Mauricio devalúa con buena onda y alegría, mientras sus funcionarios imaginan las sonrisas de los millonarios. Los sufrimientos de los desposeídos no figuran en sus agendas.
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es:www.lahaine.org/katz
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